Eléctrica de Cádiz vota hoy la creación de un bono social alternativo

Cádiz, 27 de marzo de 2017. El consejo de administración de Eléctrica de Cádiz votará esta tarde, a las 17:30 horas, la creación del bono social gaditano, por el cual se pretende asegurar un suministro básico de energía a las familias vulnerables de la ciudad.

El bono social de Cádiz tiene su origen en una reivindicación de los colectivos sociales de la ciudad que presentaron miles de firmas en 2014 para su creación, y se convirtió en compromiso de todos los partidos políticos del Ayuntamiento gracias a un acuerdo plenario el 30 de octubre de 2015.

El Gobierno Municipal quiere que el bono social gaditano sea costeado con 600.000 euros de los beneficios de la distribuidora Eléctrica en Cádiz. Con esta aportación, el Gobierno Municipal quiere involucrar al resto de socios de Eléctrica de Cádiz en la lucha contra la pobreza energética en la ciudad de Cádiz. Debido a la regulación del sector eléctrico, la distribuidora no puede repercutirlo en la factura porque es el Gobierno central quien establece sus tarifas.

El 30 de octubre de 2015, el Pleno del Ayuntamiento de Cádiz votó por unanimidad a favor de la creación de un bono social especial que sería comercializado por Eléctrica de Cádiz y a favor de la creación de la Mesa contra la Pobreza Energética, donde las organizaciones participaran en la elaboración de cómo sería el bono social gaditano. Fruto del trabajo de esta mesa, en la que participaron organizaciones como Cáritas, Cruz Roja, Asociación Pro Derechos Humanos, la Asamblea San Mateo 15M, personas en situación de pobreza y representantes políticos.

Colaboró también en la propuesta el Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos industriales de la ciudad, a través de un estudio sobre consumo energético en familias vulnerables de la ciudad. Y una vez se cerró, el Gobierno Municipal encargó un informe jurídico externo para asegurar la legalidad de la propuesta, y otro a la Gerencia de Eléctrica de Cádiz para identificar las necesidades técnicas para su puesta en marcha.

Ambos informes esclarecen la mejor vía para poner en marcha el bono social gaditano. La necesidad del bono social se deriva de que en la ciudad de Cádiz el 80% de las familias del municipio tienen su suministro eléctrico con la eléctrica municipal, una empresa mixta de la que el Ayuntamiento tiene el 55% (Eléctrica de Cádiz) y que, debido a la regulación del Gobierno, no puede ofrecer el bono social estatal.  El Real Decreto Ley 17/2016 aprobado por el Gobierno del estado mantiene que sólo las comercializadoras de referencia pueden facilitar el bono estatal, por lo que, según el alcalde de la ciudad, José María González, “sigue plenamente justificada la puesta en marcha del bono social gaditano”.

En el consejo de administración hay 9 consejeros: 3 de Endesa, 1 de Unicaja, 2 del Partido Popular, 1 del PSOE, 1 de Ganar Cádiz y 1 de Podemos. Al contar el Ayuntamiento con el 55% de la propiedad de Eléctrica de Cádiz, como socio mayoritario de la empresa, tiene la capacidad de aprobar una donación de beneficios para fines sociales, si así lo desea. Para ello, o bien todos los representantes políticos deben votar que sí o al menos abstenerse, puesto que el representante de Unicaja ha anunciado que votará a favor y que el Gobierno Municipal cuenta con el apoyo también del PSOE.

El bono social gaditano sería financiado con una donación voluntaria de la suministradora de 600.000 euros, cuyos beneficios anuales oscilan entre los 8 y 10 millones de euros, y que en 2016, según informes preliminares, obtendrá unos beneficios extraordinarios de más de 15 millones de euros. El Gobierno Municipal estima que con esta suma se aseguraría el acceso a la energía a 2.000 familias en situación de vulnerabilidad.

El alcalde ha destacado que la prioridad del Ayuntamiento de Cádiz es “proteger los derechos de los ciudadanos y ciudadanas de Cádiz y hacer todo lo que pueda para asegurarles una vida digna”. “Como socio mayoritario de Eléctrica de Cádiz, los representantes de este Ayuntamiento tienen la obligación moral de adoptar las medidas que consideren necesarias para asegurar el acceso al suministro eléctrico”, ha añadido.

 Cádiz, a 27 de marzo de 2017

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