Cádiz, 22 de septiembre de 2020. El alcalde accidental del Ayuntamiento de Cádiz, Demetrio Quirós, ha participado esta mañana en una reunión telemática entre los 32 ayuntamientos contrarios al “injusto” modelo de ayudas contra la Covid-19 acordado por el Gobierno central y la Federación Española de Municipios y Provincias (FMP) y cuyo Real Decreto fue finalmente rechazado en el Congreso de los Diputados el pasado 10 de septiembre.

En este encuentro virtual han participado los municipios de Algeciras, Alicante, Almería, Badajoz, Badalona, Barcelona, Cádiz, Córdoba, Girona, Granada, Lleida, Madrid, Málaga, Marbella, Murcia, Ourense, Oviedo, Palencia, Pamplona, Pontevedra, Pozuelo De Alarcón, Reus, Salamanca, Santander, Santa Cruz De Tenerife, Tarragona, Telde, Terrassa, Teruel, Torrelavega, Valencia y Zaragoza, y al término del mismo sus alcaldes han emitido un comunicado bajo el título ‘Diálogo y soluciones para nuestros vecinos’. En las primeras líneas insisten en el “mal acuerdo” al que llegaron la FEMP y el Ministerio de Hacienda para establecer ayudas a las entidades locales contra los efectos de la Covid.19, y recuerdan que ya el pasado 1 de septiembre adelantaron que ese Real Decreto no iba a ser convalidado en el Congreso.

“La no convalidación -exponen- era evidente cuando alcaldes de 13 formaciones políticas distintas nos hemos puesto de acuerdo en denunciar que ese acuerdo entre la FEMP y el Ministerio de Hacienda es injusto y vulnera el principio de igualdad entre municipios y ciudadanos”. “Ese mal acuerdo vulneraba la autonomía financiera de las entidades locales y establecía una inadmisible exclusión de los ayuntamientos que no disponen de remanente del reparto de los fondos provenientes de los Presupuestos Generales del Estado”. Asimismo, inciden en este nuevo comunicado en que los criterios acordados para la distribución de esos fondos “no eran justos ni solidarios, perjudicaban gravemente a cientos de miles de habitantes de muchos municipios y creaban una inaceptable situación de agravio entre unos municipios y otros”.

Se abre, por tanto, un nuevo escenario y los alcaldes firmantes del documento solicitan “la apertura inmediata del proceso de diálogo con el Ministerio que llevamos semanas reclamando las entidades locales para iniciar unas nuevas negociaciones que permitan establecer unos criterios de reparto de los fondos basados en la igualdad y en la solidaridad, tal y como ya se ha hecho con el conjunto de las comunidades autónomas a través del fondo de 16.000 millones de euros habilitado por el Gobierno de España”. “Resulta imprescindible -añaden- lograr un acuerdo satisfactorio para que todas las entidades locales de España reciban urgentemente ayudas adecuadas para afrontar las graves repercusiones financieras de la pandemia del COVID-19. Desde esa voluntad sincera de diálogo, es necesario alcanzar un buen acuerdo con soluciones y medidas para dar respuesta a las necesidades reales de los vecinos de todos los municipios”.

Los alcaldes reclaman una nueva negociación que basada en “los acuerdos alcanzados por unanimidad en el seno de la FEMP los pasados 2 de abril y 22 de mayo para reclamar al Gobierno de España que arbitre un sistema de ayudas a todos los ayuntamientos que permitan hacer frente a las dificultades económicas ocasionadas por la crisis sanitaria del coronavirus, con especial atención al fondo incondicionado de 5.000 millones y al de 1.000 millones destinado específicamente al transporte público”. Estas ayudas son “imprescindibles” para que los municipios sigan prestando sus servicios públicos y ayudando a quienes más lo necesitan durante la actual crisis económica.

Al hilo, apuntan que de acuerdo con esos documentos del 2 de abril y 22 de mayo, el Gobierno central debe incluir en su nueva propuesta de Real Decreto, “además de la eliminación de la regla de gasto, la aplicación de superávits y la ampliación del plazo de las inversiones financieramente sostenibles, las medidas de ayuda directa que cuentan con un amplio respaldo político: un fondo estatal incondicionado de 5.000 millones para todos los ayuntamientos -mayoritariamente repartido por población y con una cantidad que se distribuya atendiendo a criterios especiales como la despoblación, el envejecimiento o la población inmigrante- y otro fondo específico de 1.000 millones para la financiación del transporte municipal”.

Igualmente, consideran indispensable garantizar en ese futuro decreto que las Entidades Locales puedan participar como beneficiarias de los fondos europeos una vez concretadas las condiciones del Fondo de Recuperación aprobado en el seno de la Unión Europea. “La participación de los municipios en esos fondos europeos, tal y como se recoge en el documento ‘Pilares locales para la reactivación económica y social de la administración local’, aprobado por la Junta de Gobierno de la FEMP el 22 de mayo de 2020, debe ser al menos del 14,16%, que es el porcentaje del gasto local respecto del gasto público total en España”.

Y al mismo tiempo, mantienen que se debe renegociar en el seno del Congreso las medidas que son rechazadas “por una amplísima mayoría” para “alcanzar un acuerdo satisfactorio, justo y que preserve la autonomía municipal y el principio de igualdad”. “Reclamamos para ello que los ayuntamientos puedan disponer libremente de los remanentes acumulados durante los últimos años, destinándolos a los proyectos y políticas que cada municipio determine en función de sus propias necesidades”.

En el comunicado que han emitido hoy tras la reunión dejan clara su intención de “seguir defendiendo la igualdad y la solidaridad en el reparto de los fondos estatales entre los municipios, así como a preservar los intereses de todos los ciudadanos independientemente del municipio en el que vivan y de la situación económica en la que se encuentren sus ayuntamientos”. Y reivindican el papel fundamental que han jugado todos los ayuntamientos en la gestión de la crisis sanitaria y económica ocasionada por el coronavirus, independientemente de su color político o de su situación económico-financiera. “El esfuerzo financiero en esa gestión de los ayuntamientos está siendo realizado hasta la fecha sin ayudas de ningún tipo, exclusivamente con recursos propios en unas circunstancias excepcionales -de duración desconocida- que han hecho mermar los ingresos y aumentar los gastos de manera inédita. Los ayuntamientos necesitamos imperiosa y urgentemente ayudas estatales y europeas para poder continuar prestando a nuestros vecinos los servicios y medidas anti-COVID que necesitan y colaborar desde el ámbito local en la imprescindible reactivación de la economía. Las necesitamos ya para poder ejecutarlas con garantías durante el resto del presente ejercicio presupuestario”. “Sería un despropósito intolerable -añaden- que el Ministerio de Hacienda dejase a los vecinos de los municipios del Estado español sin esas ayudas por un absurdo ánimo de revanchismo ante la no convalidación del Real Decreto.

Por último, expresan su voluntad de seguir ejerciendo “todas las iniciativas posibles en la defensa de los legítimos intereses de nuestros vecinos y para exigir las ayudas financieras que necesitan y se merecen para mantener los servicios municipales adecuados”. Asimismo, reiteran su deseo de abrir un diálogo con el Gobierno para mejorar, “desde la justicia y la igualdad”, la situación financiera de las entidades locales.

A todo ello, Demetrio Quirós ha añadido que es a los ayuntamientos “a quienes la ciudadanía nos reclama soluciones, somos los que día a día estamos con los problemas de nuestros vecinos y vecinas. Así, mientras la Junta de Andalucía anuncia 8 millones de euros para reforzar la limpieza de los centros escolares privados concertados, somos los ayuntamientos quienes tenemos que hacer frente con nuestros propios fondos a ese incremento imprescindible de la limpieza en los colegios públicos”.

Y asimismo, ha expuesto que, además de una solución a la problemática actual, “demandamos la derogación de la Ley de Sostenibilidad Financiera, la famosa Ley Montoro, y su hermana menor, la Ley de Sostenibilidad de la Administración Local, verdadero origen de la restricción de la capacidad de autonomía de la administración local y del ejercicio de sus competencias”.

Cádiz, a 22 de septiembre de 2020