Cádiz, 28 de julio de 2017. El Pleno del Ayuntamiento de Cádiz ha aprobado hoy por unanimidad, en su sesión ordinaria del mes de julio, la propuesta presentada por el Gobierno municipal relativa a la aprobación provisional de la Modificación Puntual de Equipamiento y Hospedaje del Plan General de Ordenación Urbanística de Cádiz. De esta forma, el Ayuntamiento contemplará en una modificación del vigente PGOU las necesidades de la Junta de Andalucía y de Telefónica que revierten en mejorar el espacio urbano y contribuyen a la generación de economía para la ciudad. Y los inmuebles y espacios que guardan relación con esta modificación puntual del PGOU son los siguientes: la Residencia de Tiempo Libre, la parcela del chalet de San Luis, el solar de Ronda de Vigilancia, el solar de La Martona, el edificio de El Olivillo, el de la Escuela de Náutica y los edificios de Tavira II (Pirulí) y de la antigua central de la compañía de Telefónica en la calle Ancha, 24. Durante el debate de esta moción, el concejal de Urbanismo, Martín Vila, ha manifestado su deseo de que el nuevo edificio que sustituya a la Residencia de Tiempo se destine a “turismo social”. “Otra cuestión –ha añadido- será la voluntad que muestre la Junta de Andalucía”. Y ha apuntado también que en el caso de enajenación, se le pedirá a la Administración andaluza que los ingresos que obtenga de esta operación, se inviertan en la ciudad de Cádiz.

La propuesta del Equipo de Gobierno relativa a la aprobación inicial del Reglamento Regulador del Procedimiento Sancionador Aplicable por Infracción de Ordenanzas y Reglamentos Municipales ha sido aprobada con la abstención del grupo municipal popular. Este trámite se trata de una adaptación de la regulación del procedimiento sancionador para las infracciones de ordenanzas o reglamentos, debido a la entrada en vigor de las normas contenidas en las nuevas leyes del Procedimiento Administrativo Común de las administraciones públicas. La propuesta viene avalada por un informe redactado por la Asesoría Jurídica del Área, en base a dicha adaptación a las normas aprobadas en 2015.

La moción del Gobierno local sobre la prórroga del contrato del Servicio de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos Sólidos Urbanos del término municipal de Cádiz, suscrito con la UTE Sufi Cointer ha sido aprobada con la abstención de todas las formaciones de la oposición. Durante el debate, los grupos de la oposición han sido muy críticos con el concejal de Medio Ambiente, a quien han recriminado que no se haya elaborado ya un nuevo pliego y le han pedido explicaciones al respecto. También han recordado que, siendo el servicio más caro de la ciudad -16,5 millones de euros, ha indicado el socialista Juan Cantero- es “deficitario”, con maquinaria “obsoleta”, y han resaltado que lo presta una empresa que “tiene abierto un expediente sancionador por parte del Ayuntamiento”, como ha apuntado la edil de Ciudadanos María Fernández-Trujillo. El concejal socialista Juan Cantero ha tachado de “incompetentes” al edil de Medio Ambiente y al edil de Economía y Hacienda, David Navarro, por este asunto. De la Fuente ha lamentado que la oposición esté “sobreactuando” en todo lo relativo al contrato de limpieza, y ha explicado que si bien esta prórroga se prevé en el pliego como forzosa para el adjudicatario, “se llevará a cabo con la conformidad del mismo”. Es por ello que ha recalcado que no se está “ni ante una situación irregular ni ante una solución improvisada, sino aplicando lo que dice el propio pliego”. Y ha puntualizado que este contrato sale a los gaditanos por casi 900.000 euros menos al año, “únicamente por el hecho de pagar al día”. Al respecto, ha recordado que en 2016 se tuvo que pagar a la empresa de limpieza 391.066 euros en concepto de intereses de demora, “gracias a lo que tardaba el equipo de gobierno anterior en pagar a los servicios”.

En su segunda intervención, De la Fuente ha informado a los grupos de la oposición que para culminar la elaboración del nuevo pliego se va a constituir una comisión paritaria en la que, en los meses de agosto y septiembre, se dará conocimiento de la parte técnica del pliego y se entreguen las aportaciones de los grupos, “ya que a día de hoy no hemos recibido ninguna”.

Durante el debate sobre este punto, el alcalde, José María González, ha comunicado a la concejala de Ciudadanos María Fernández-Trujillo que se van a emprender acciones legales contra su persona por haber insinuado que el anterior concejal de Medio Ambiente quería prorrogar el pliego porque tenía intereses personales.

La propuesta del Equipo de Gobierno sobre la creación de una comisión paritaria para el estudio y redacción de la propuesta de modificación de los estatutos de la empresa municipal Procasa ha decaído y ha sido sustituida por una enmienda presentada por los grupos municipales de PP, PSOE y Ciudadanos por la que se acuerda trasladar a la Junta General de Procasa, para su consideración y aprobación en sesión extraordinaria, la modificación del contenido del artículo 14 de dichos estatutos en el que se regula el Consejo de Administración. De esta forma, adoptará la siguiente redacción: “El Consejo de Administración es el órgano de dirección, gestión y representación de la sociedad y estará compuesto por once miembros elegidos por la Junta General, a propuesta de los grupos políticos municipales atendiendo a la proporcionalidad con la que están representados en el Pleno y asegurando a todos ellos como mínimo un representante. En caso de empate, se tendrán en cuenta el número de votos obtenidos por cada formación política, dividiendo el número de votos  entre el número de concejales. Los consejeros podrán ser concejales o personas especialmente capacitadas. Los consejeros podrán delegar su representación en otro miembro del Consejo”. El portavoz de Ciudadanos, Juan Manuel Pérez Dorao, ha concretado que el Consejo de Administración se compondrá por cuatro miembros propuestos por el PP, tres por Sí Se Puede Cádiz, dos por PSOE, uno por Ganar Cádiz en Común y uno por Ciudadanos.

La concejala de Vivienda, Eva Tubío, ha señalado que lo importante es “empezar a avanzar en este terreno y modificar los estatutos de Procasa”. Aun así, ha manifestado considerar “más interesante” la constitución de una comisión paritaria para, entre otras cosas, “recuperar la participación ciudadana”, ya que se pretendía aprovechar este proceso para dar cabida también a la voz de la ciudadanía.

La propuesta que los grupos municipales Sí Se Puede Cádiz y Ganar Cádiz en Común relativa a las injustas e ilegales condenas impuestas a los presos políticos saharauis de Gdeim Izik no ha sido debatida al haber sido sustituida por una conjunta de todas las formaciones políticas que conforman el arco plenario. Con esta propuesta se pretende instar al Gobierno del Estado Español a solicitar la anulación de los juicios en tanto en cuando los hechos circunscribieron al Sáhara Occidental, Territorio No autónomo pendiente de descolonización y ocupado ilegalmente por Marruecos, y por tanto, fuera de la soberanía, competencia y jurisdicción del citado Tribunal. También se insta al  Gobierno del Estado Español a que exija una investigación independiente, en el marco del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que aclare los hechos que se produjeron en el desmantelamiento del campamento de Gdeim Izik, y determinar la situación de las personas injustamente condenadas, especialmente sobre las irregularidades denunciadas por las misiones internacionales concernientes a las confesiones realizadas presuntamente bajo torturas o malos tratos. Se condena las violaciones manifiestas y fehacientemente probadas de los derechos humanos y libertades fundamentales que se producen en el Sahara Occidental. Y se traslada el presente acuerdo a Presidencia del Parlamento Europeo, Presidencia del Consejo Europeo, Comisión Europea, Comisaria Europa para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Casa Real Española, Presidencia del Gobierno de España, Ministerio Español de Asuntos Exteriores, Misión Permanente de España ante Naciones Unidas, Grupos Parlamentarios del Senado y Congreso de los Diputados, Delegación Saharaui en España, Embajada de Marruecos en España.

Sí Se Puede Cádiz y Ganar Cádiz en Común también han presentado una moción relativa a las obras programadas en el Hospital Universitario Puerta del Mar durante el verano 2017, y que nace de una solicitud realizada por la Marea Blanca de Cádiz. Dicha moción ha sido aprobada por unanimidad. “El objetivo de esta propuesta es que las obras hospitalarias en el Puerta del Mar que sean inevitables, si se trata de corregir deficiencias o de mejorar alguna instalación o servicio, duren el menor tiempo posible para afectar en el mínimo a la actividad asistencial programada. No es posible seguir admitiendo la excusa del fenómeno de la obras veraniegas para no sustituir a los trabajadores del recurso que se cierra y así hacer viables los recortes presupuestarios aunque sea a costa de un deterioro progresivo de la sanidad pública andaluza”, ha expuesto la edil de Sanidad, Eva Tubío.

Y también ha prosperado la enmienda de adición presentada por el Partido Popular para instar a la Junta de Andalucía a que se den los pasos necesarios para iniciar la construcción, lo antes posible, del Hospital de Cádiz. Para ello, la concejala popular Mercedes Colombo ha pedido al Partido Socialista, que gobierna en Andalucía, que de los mil millones de más que va a recibir del Gobierno central en los presupuestos de 2017 para Sanidad, Educación y Políticas Sociales “dediquen al menos 30 para iniciar esas obras necesarias para Cádiz”. “No es una cuestión que pida el PP, sino todos los gaditanos y gaditanas”, ha acentuado Colombo.

El Equipo de Gobierno ha retirado dos de sus propuestas: la relativa a la aprobación inicial de la Ordenanza Municipal de ocupación de la vía pública con terrazas y otros elementos anexos en establecimientos de hostelería y la concerniente a la expropiación-reparcelación de la Unidad de Ejecución UE EX 1BR1 Cooperativa R1. La primera se ha retirado, según ha explicado el regidor, para volver a buscar un consenso entre los agentes sociales implicados, puntualizando que semanas atrás se había alcanzado dicho consenso. Y la segunda, porque Intervención ha solicitado un informe a Procasa sobre este asunto.

La propuesta conjunta de los grupos municipales PP, PSOE y Ciudadanos para que se dé traslado urgente a los grupos municipales del informe de Secretaría o Servicios Jurídicos elaborado sobre la resolución de alegaciones presentadas a la aprobación inicial del Reglamento Municipal de Participación Ciudadana ha sido aprobada por unanimidad. Dicha propuesta también incluye un punto relativo a que se lleve a pleno, de manera urgente, la aprobación definitiva del Reglamento y que la Secretaría General determine las responsabilidades sobre el silencio en la resolución de las alegaciones presentadas a la aprobación inicial del mismo. La oposición ya cuenta con el informe requerido y que está avalado por la Secretaría Municipal. Un informe en el que, según palabras de la concejala de Participación Ciudadana, María Romay, se especifica básicamene que el Reglamento se trata de un texto “insuficinete y restrictivo” y que contiene preceptos que resultarán “incompatibles” con la redacción que resulte de la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley de Participación Ciudadana. “El nuevo Reglamento de Participación Ciudadana no puede ser un documento excluyente, y este texto lo es”, ha manifestado la edil. La oposición ha reprochado al Equipo de Gobierno su falta de “voluntad política” para sacar adelante este documento y le ha acusado de hacer “demagogia barata” y de “maltratar a las asociaciones de vecinos”. En concreto, el edil socialista José Pacheco ha criticado que el informe, “en un 80%, se apoya en una futura ley y se quiere paralizar el proceso amparándose en esa futura ley”. La edil Romay ha insistido en que el reglamento que la oposición se ha empeñado en apoyar se queda sin base jurídica para prosperar, y va en contra del sentido común de los nuevos modelos participativos de las principales ciudades del país, además de chocar con la normativa que entrará en vigor próximamente en Andalucía.

La moción del PP relativa a que el Equipo de Gobierno cumpla con los acuerdos plenarios relacionados con los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cádiz ha salido adelante con los votos en contra del Equipo de Gobierno. El debate ha girado en torno al centro municipal Hermanas Mirabal, donde diversas asociaciones disponen de una sede. La oposición ha acusado a la concejala de Asuntos Sociales, Ana Fernández, de “despreciar” a asociaciones de la ciudad que no son afín a su partido y de “ponerles impedimentos”, en alusión al reparto de sedes en Hermanas Mirabal. Por su parte, la edil ha defendido que en este centro ha tenido lugar una “reorganización” de las asociaciones que allí se encuentran con el objetivo de “optimizar los recursos y atender a la solicitud del casi medio centenar de asociaciones que se encuentran demandando la cesión de un local”. Ha asegurado que no se ha echado a nadie, sino que se le ha propuesto a la asociación que ha manifestado sus quejas “el uso de otras zonas del centro para poder ceder parte del espacio de este centro a dos nuevas asociaciones”. De disponer de 112 metros cuadrados con pasillo incluido pasan a tener 72 metros cuadrados. Y también ha recordado que las entidades que están allí llevan años en situación de precariedad al no tener renovados los convenios de cesión de local, de ahí que se hayan visto obligados a reglamentar la situación a la vez que dar respuesta a las demandas del resto de asociaciones.

La concejala de Ciudadanos ha calificado como “escandaloso” que el Gobierno local vote en contra de esta propuesta, y ha insistido en la siguiente pregunta dirigida a la concejala Fernández: “¿Qué ha hecho usted en estos dos años por los Servicios Sociales de la ciudad”.

También ha salido adelante, por unanimidad, la propuesta del grupo municipal popular para que se constituya una Comisión de Investigación con la función de fiscalización y control de contrato de alumbrado extraordinario de Navidad de la campaña 2016-17 y el convenio firmado entre el Ayuntamiento y la Empresa Eléctrica de Cádiz para la ampliación de dicho alumbrado. Los grupos de la oposición han demandado al Equipo de Gobierno “transparencia” y le ha reprochado “falta de información” sobre este caso. Pérez Dorao ha incidido en la necesidad de conocer las personas directamente intervinientes en este asunto para que puedan desarrollarse las oportunas acciones de orden administrativo o legal. Por su parte, el portavoz socialista, Fran González, ha puesto en duda la existencia de ese convenio y ha abogado por la rápida constitución de la Comisión de Investigación para esclarecer cuanto antes lo sucedido. El presidente de Eléctrica de Cádiz y concejal de David Navarro ha criticado al edil popular José Blas Fernández por su afán de “judicializar” la política, y le ha invitado a acudir a la Fiscalía si cree que se ha cometido un delito. No obstante, ha asegurado que se ha actuado con legalidad y que no hay “nada que ocultar”. Al respecto, el edil José Blas Fernández le ha acusado de mentir, afirmando que se ha cometido un delito.

La propuesta del Grupo Popular en torno a que se trate de concertar de la forma más urgente posible las plazas de mayores existentes en el centro integral del Mayor Micaela Aramburu ha salido adelante por unanimidad. La concejala del Mayor, Ana Camelo, ha recordado que cuando entró en vigor la Ley de Dependencia en la ciudad solo existían dos centros con plazas concertadas, número que se ha elevado a cuatro en la actualidad. Camelo ha insistido que la construcción y puesta en marcha del Centro Micaela Aramburu fue sin concertar las plazas con la Junta de Andalucía. De igual manera, insistió en “nuestro compromiso es sacar el máximo aprovechamiento de este espacio para que los mayores puedan disfrutar de él”.

Por su parte, la concejala del PP, Fátima Rodríguez, alertó del incrementó en la edad media de la población gaditana y que “habrá que ir poniendo remedio para que puedan tener algún sitio donde ir”. La edil popular Teófila Martínez señaló que su grupo traerá esta moción “tantas veces como sean necesarias” porque dijo que “es una necesidad para la ciudad”.

Se aprobó la enmienda del Equipo de Gobierno a la propuesta del Grupo Municipal Popular para poner en marcha talleres de idiomas para jóvenes que complementen la formación en este campo que ofrece la enseñanza reglada. Así, la concejala de Educación, Ana Fernández, indicó al respecto que “desde el Equipo de Gobierno se tiene en mente no únicamente la puesta en marcha de talleres, siempre respetando las competencias del gobierno autonómico, sino poner en pie un proyecto de escuela de idiomas con hasta cuatro idiomas, con un proyecto asociado de becas y que garantice el acompañamiento hasta la obtención del certificado. Se trata, por tanto, de una iniciativa mucho más ambiciosa”.

El pleno ha aprobado también ha aprobado la propuesta del PP para mostrar su rechazo al Plan de Choque de Climatización anunciado por la Consejería de Educación y la de Ciudadanos para ampliar dichas mejoras a los colegios e institutos de Cádiz capital.

Todos los grupos representados en la Corporación Local han aprobado una propuesta conjunta para firmar un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y AFEDU que se incluyan talleres informativos sobre enfermedades mentales y patología dual en los centros escolares.

También por unanimidad se ha aprobado la moción del PP para que se cree un sello de accesibilidad que se conceda a aquellos locales que cumplan con una serie de criterios previamente establecidos y que vayan más allá del cumplimiento de las distintas normativas en materia de accesibilidad.

Unanimidad ha sido también el resultado de la votación del punto 19, que recogía la propuesta del PSOE relativa a obras de mejora en los barrios de la capital a cargo del Plan Invierte 2017 de la Diputación Provincial.

El Pleno del Ayuntamiento de Cádiz aprobó, con los votos a favor del PP, PSOE y Ciudadanos y los votos en contra del Equipo de Gobierno, la enmienda de sustitución formulada por Ciudadanos a la propuesta del Grupo Municipal Socialista para reprobar al concejal de Hacienda, David Navarro. La enmienda recoge que sea el Pleno quien repruebe públicamente la gestión del concejal Navarro; que en caso de prosperar la reprobación, el Pleno requiera al concejal de Hacienda que renuncie a los cargos que ostenta y presente su dimisión; y que en caso de no cesar voluntariamente en el ejercicio de sus funciones, el Pleno inste al alcalde para que cese a David Navarro de las funciones que tiene delegadas.

El debate en torno a esta propuesta ha sido bronco. Pérez Dorao ha acusado a Navarro de ser “responsable de la aprobación de un presupuesto desnivelado y mediante un proceso antidemocrática; además de la prórroga de la elaboración del presupuesto de 2016 y de la no liquidación del presupuesto 2016”. En la tema de la venta del estadio, “tiene alguna responsabilidad, pero la determinación de que exista un comprador no es objetivable imputable a usted”, se ha dirigido al edil de Economía.

Por su parte, Cantero ha enumerado una serie de motivos para la reprobación y dimisión de Navarro: “Incumplió uno de sus compromisos: auditoría de la deuda; la mayor parte de los pliegos están en situación de prórroga; no ha tenido tiempo de coordinar algunos pliegos de gran importancia y condenar a los gaditanos a disfrutar servicios de peor calidad; la falta de transparencia en la información económica es el tercer motivo para su dimisión; la prórroga de los presupuestos y que no se haya vendido el hotel del Estadio”.

Navarro ha tirado de hemeroteca contra el portavoz socialista: “Fran González daba la alcaldía para luego bloquear, lo ha estado cumpliendo desde el primer momento. Digno de alabanza”; “Fran González, desde que es portavoz del PSOE, no ha pedido ninguna dimisión o reprobación en el Pleno a concejales del PP”; “Ya se cobraron una pieza con González Bauza y quieren cobrarse otra, entiendo que les gusta la caza”; “Informes Tesorería e Intervención del Ayuntamiento de junio 2016 avalan que se reduce la deuda más de 20 millones”. “El Ministerio de Hacienda nos ha felicitado y nos ponía ejemplo de buena gestión económica”.

El portavoz del PP, Ignacio Romaní, ha acusado al alcalde de ser el “único” responsable de este “desastre económico”. “Lleva dos años gobernando y no se le conoce ninguna gestión en la ciudad”. “Asuma su responsabilidad. La situación es complicada y el alcalde debe asumirlo”.

Por su parte, el portavoz socialista ha acusado a Navarro de querer deslegitimarlo con mentiras, y ha pedido también el cese de los asesores que han preparado con el concejal de Hacienda su intervención, al asegurar que están basadas en falsedades. “De tanto mentir termina usted engañándose a sí mismo”. Y durante su intervención ha asegurado que si el concejal Navarro“sale reprobado, no le vamos a aceptar ningún tipo de representación. Si el alcalde no le cambia de funciones, no le reconoceremos en las áreas que usted gestiona”. Algo que el edil de Hacienda “agradecería por su salud mental”, ha apostillado el propio concejal.

Asimismo, Navarro ha lamentado que el “partido local de Fran González esté haciendo una oposición agresiva” y que su política sea “un acto teatral para reivindicarse él individualmente”. “A Fran González no le importa lo más mínimo la ciudad”, ha enfatizado. “Lo que se está debatiendo es la frustración acumulada de un político profesional de 35 años que cuando termine esto no sabe a dónde va a ir”. Y ha concluido su intervención con estas palabras: “No dimitiré, me quedo”.

El alcalde ha compartido parte del tiempo del edil para recriminar a la oposición su actitud, especialmente al PP: “Se les debería caer la cara de vergüenza por ser cómplices de esta lapidación pública y por decir que han contribuido a dinamizar la economía de esta ciudad, con el agujero que han dejado en las arcas municipales”. A los concejales del PSOE les ha llamado “cobardes” por “estar presentando una moción de censura encubierta. Si son valientes, únanse al PP y presenten una moción de censura”. Y tras la votación ha apuntado: “David no se va, se queda”.

La sesión plenaria ha proseguido con la propuesta de Ciudadanos relativa a convocar a la Junta de Portavoces en ejercicio de la función que tiene encomendada por el Pleno del Ayuntamiento de control y seguimiento de la ejecución de los acuerdos plenarios. Una moción que ha sido aprobada con los votos favorables de toda la oposición y los votos en contra del Gobierno local. “No vamos a convocar la Junta de Portavoces para hacer seguimiento de los acuerdos plenarios cuando hace menos de un mes que ha tenido lugar el Pleno del Estado de la Ciudad”. “Hemos rendido cuentas y lo seguiremos haciendo, pero mientras tanto seguiremos gobernando”, ha expuesto el edil Adrián Martínez de Pinillos.

Por último, la propuesta de Ciudadanos relativa a mejoras de infraestructuras en la zona comprendida entre las plazas de Ingeniero La Cierva y alrededores de la plaza Carlos Díaz ha recibido el respaldo unánime de todas las fuerzas políticas.

Por urgencia y a petición del Equipo de Gobierno se ha debatido la propuesta de otorgar al Consorcio de la Zona Franca una opción de compra gratuita sobre el módulo dos-A, destinado a uso terciario, comercial y hospedaje, en la tribuna del estadio Carranza, por el precio y las condiciones determinadas en el convenio suscrito con el Ayuntamiento con fecha de 17 de junio de 2013. Esta propuesta ha sido aprobada con los votos a favor de todos los grupos, salvo de Ciudadanos, que se ha abstenido. El concejal Navarro ha informado que ya se ha remitido un documento al delegado especial de la Zona Franca para informar sobre este asunto. “No es un capricho, es que estamos obligados”. Y ha explicado que no se ha hecho efectiva antes “esta obligación del convenio porque desde que el Ayuntamiento de Cádiz ‘obligó’ a Zona Franca a comprar los locales del estadio no ha habido actividad comercial en dichos establecimientos, y costaron más de siete millones de euros”. Romaní se ha mostrado convencido de que el hotel se va a vender, “el problema está en los representantes de este Ayuntamiento para atraer a inversores. El problema lo tiene usted, señor Navarro, y los representantes de Podemos”.  Fran González ha resaltado que el informe que solicitaron en la pasada comisión informativa, cuando el alcalde les presentó esta propuesta, se les ha sido entregado.

Y también han prosperado las otras dos urgencias formuladas de forma conjunta por todos los grupos del arco plenario: Que el Ayuntamiento de Cádiz en Pleno acuerde mostrar su solidaridad con la plantilla de Ingrasa, y el apoyo de sus reivindicaciones, mediando y solicitando al Grupo Joly que reconsidere el cierre de esta empresa, manteniendo los puestos de trabajo y la impresión de las cabeceras del grupo con Ingrasa en la Bahía de Cádiz; y la otra relativa al caso de Juana Rivas, con objeto de dar traslado al fiscal jefe de una queja formal del Ayuntamiento contra la Fiscal del Juzgado de Primera Instancia Número 3 de Familia de Granada, y solicitar que sea apartada del caso por dejación de funciones; solicitar a la Fiscalía Superior de Andalucía la revisión del caso; e instar al Ministerio de Justicia a que tome cuantas medidas sean oportunas a fin de que no se siga criminalizando a Juana Rivas, víctima de violencia machista.

Cádiz, a 28 de julio de 2017