Cádiz, 26 de enero de 2017. El Gobierno central aprobó el pasado 23 de diciembre un Real Decreto Ley 7/2016 por el cual establece las bases legales de la modificación del bono social vigente desde 2009. En dicho Real Decreto Ley, que requiere su convalidación en el Congreso de los Diputados el próximo 30 de enero, el Gobierno modifica el sistema de financiación del bono social estableciendo que sea costeado sólo por las comercializadoras eléctricas (y por todas ellas) y en un porcentaje de depende del número de clientes (BOE del 24/12/2016).

Esta obligación de financiar el bono social en base al número de clientes penaliza enormemente a aquellas empresas que comercializan principalmente electricidad al sector doméstico. De esta manera, Eléctrica de Cádiz se verá obligada a dedicar aproximadamente la mitad de sus beneficios anuales, unos 500.000 euros aproximadamente, a financiar un bono social que no podrá ofrecer a sus clientes, puesto que el Real Decreto Ley 7/2016 mantiene que sólo puedan hacerlo las comercializadoras de referencia, entre las que sí están Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, Viesgo, etcétera.

David Navarro, concejal de Hacienda y presidente de Eléctrica de Cádiz, ha manifestado que “obligar a Eléctrica de Cádiz a entregar la mitad de sus beneficios anuales para financiar un bono que encima no puede ofrecer es un atentado contra toda la ciudad de Cádiz”. Y ha añadido que, “desde este momento”, el Gobierno municipal solicita “el apoyo de todos los grupos políticos, de los medios locales, de las organizaciones sociales y de todos los gaditanos para hacerle llegar al Gobierno un mensaje unánime de rechazo a ese Real Decreto”. “No podemos permitir que castiguen a Cádiz una vez más” ha aseverado.

El nuevo mecanismo de financiación del bono social supondrá un cuantioso trasvase de fondos de las pequeñas y medianas comercializadoras del sector doméstico, a las grandes comercializadoras, las cuales sí ofrecen el bono social, en su versión PVPC. Previsiblemente, esta medida supondrá una subida de tarifas de las pequeñas y medianas comercializadoras, que se verán obligadas a repercutir este coste del bono social estatal en los clientes finales, y en consecuencia generará la pérdida de su competitividad de estas empresas a favor de las grandes comercializadoras.

En vista de que las nuevas bases regulatorias siguen excluyendo a la ciudadanía gaditana del acceso al bono social, el Gobierno municipal presentará mañana una moción de urgencia para solicitar al Gobierno de España y a todos los grupos políticos con representación parlamentaria que no convaliden el Real Decreto Ley 7/2016, para que éste sea suspendido hasta que se revise el mecanismo de financiación.

Además, en dicha propuesta se insta al Gobierno de España “a la revisión del mecanismo de financiación del bono social y a su reforma en términos de proporcionalidad en base al volumen de negocio de las empresas y/o al volumen de energía, y no al  número de clientes” y se solicita que “todas las comercializadoras que lo deseen deben poder facilitar el bono social, no sólo las comercializadoras de referencia”.

  Cádiz, a 26 de enero de 2017