Cádiz,  26 de febrero de 2019. El concejal de Memoria Democrática, Martín Vila, en representación del Ayuntamiento de Cádiz, ha participado este martes en las jornadas que se desarrollan en Madrid bajo el lema Las ciudades, punta de lanza contra la impunidad, organizada por la Red de Municipios por la Memoria y la Justicia y que tiene como objetivo compartir las políticas de memoria llevadas a cabo por las distintas ciudades durante este mandato, sobre todo en relación a las diferentes querellas presentadas contra los crímenes del franquismo.

Junto a representantes de los ayuntamientos de Barcelona, Pamplona, A Coruña, Vitoria, Rivas y Zaragoza y miembros del grupo parlamentario Unidos Podemos, Martín Vila ha acudido al Congreso de los Diputados para presentar el manifiesto por el derecho a la verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición.

En este escrito, señalan que las corporaciones locales que forman parte de la Red de Ciudades por la Memoria y la Justicia y los grupos parlamentarios integrados en el Intergrupo por la Memoria y la Justicia del Congreso y del Parlamento Europeo, han trabajado conjuntamente “para acabar con décadas de impunidad, impulsando acciones que permitan a las víctimas de los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista ejercer su derecho a la justicia”.

Así, recuerdan que “durante los cuarenta años de dictadura franquista, se cometieron violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos como consecuencia de la represión política, social y laboral llevada a cabo por los propios aparatos del régimen dictatorial franquista”. Sin embargo, “hasta ahora, ni una sola de estas personas ha sido reparada por la justicia y ni uno solo de los responsables de tanto horror y dolor ha comparecido ante un juzgado o tribunal. Esta inaudita y bochornosa situación no afecta en exclusiva a las víctimas y a sus familiares, si no que concierne a la sociedad en su conjunto”.

Desde la Red, insisten en que “el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha denunciado en numerosas ocasiones la inaceptable política de impunidad mantenida por el Estado español, contraria a los estándares internacionales, que impide el acceso a la justicia en España a las víctimas de estos crímenes contra la humanidad” y lamentan que “a pesar de sus reiterados llamamientos, a día de hoy no se ha cumplido ninguna de las recomendaciones y las acciones penales que se están llevando a cabo para investigar y enjuiciar dichas violaciones de derechos humanos, están siendo obstaculizadas por los poderes públicos e inadmitidas por los Tribunales del Estado español de forma sistemática”.

Ante esta gravísima situación, las Corporaciones Locales que forman parte de la Red de Ciudades por la Memoria y la Justicia y los grupos parlamentarios del Intergurpo por la Memoria y la Justicia del Congreso y del Parlamento Europeo, se han comprometido a seguir impulsando las acciones necesarias “para poner fin a esta situación de impunidad”.

Así, exponen que es necesario “remover los obstáculos legislativos en los cuales se apoyan los Tribunales españoles para impedir la investigación y enjuiciamiento de estos crímenes, específicamente modificando o derogando la Ley de Amnistía e introduciendo el principio de legalidad internacional en el Código Penal”.

Instan al Gobierno a que declare la nulidad de pleno derecho del acuerdo adoptado en el Consejo de Ministros el día 13 de marzo de 2015 por el cual se denegó la extradición de los imputados en la querella que se está tramitando en Argentina en virtud del principio de justicia universal, ordenándose la tramitación de la petición de extradición o, alternativamente, se proceda al enjuiciamiento de dichos imputados en los Tribunales del Estado español.

Por último, destacan la necesidad de preservar los avances conseguidos por las ciudades en materia de reparación democrática y de recuperación de la memoria republicana y seguir aprobando mociones que avalen la interposición de querellas en los juzgados de primera instancias.

                                                                                  Cádiz, 26 de febrero de 2019