Cádiz, 17 de abril de 2017. El Ayuntamiento de Cádiz ha remitido aportaciones al desarrollo del reglamento del bono social nacional basadas en la propuesta del bono eléctrico gaditano, para la mejora de los criterios de acceso, del contenido del bono y para la mejora del mecanismo de financiación, a la vista de que el RDL 7/2016 puede generar efectos perversos en su implementación. Además, ha solicitado que el bono nacional pueda ser ofrecido por todas las comercializadoras, no sólo las de referencia, para que Eléctrica de Cádiz pueda ofrecérselo a sus clientes.

Estas aportaciones se enmarcan en la consulta pública abierta por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital para el desarrollo del reglamento del proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla el RDL 7/2016, de 23 de diciembre, a través del que se regula el mecanismo de financiación del coste del bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable. Esta consulta tiene como objetivo recabar, directamente o a través de organizaciones representativas, la opinión de las personas y entidades potencialmente afectadas por la norma proyectada.

El alcalde de Cádiz, José María González, ha explicado que el Consistorio gaditano envió la semana pasada al Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital “los elementos más importantes de la propuesta del bono gaditano con la esperanza de que el bono estatal deje de ser discriminatorio y puedan acceder a él todas las familias que lo necesitan”. “La ciudad de Cádiz –resalta- ha hecho un valiosísimo esfuerzo de colaboración para diseñar y validar una propuesta de bono social eléctrico justo y sensato, y esperamos que el Gobierno contemple las sugerencias y mejore el bono estatal”.

A diferencia del bono estatal, que consiste en un descuento del 25% de la factura eléctrica, independientemente de las necesidades energéticas de la familia, la propuesta del bono social de Cádiz contempla la progresividad de la bonificación en base a renta. Es decir, la bonificación de una cantidad de energía y de potencia suficientes, en base a la renta per cápita familiar y el número de habitantes de la vivienda. También se ha informado de que el bono social gaditano va acompañado de formación a las familias en recibo eléctrico y ahorro energético, con lo que se pretende mejorar el consumo energético de las mismas, al tiempo que se contribuye a la sostenibilidad ambiental, evitando el derroche de energía.

Así, en un escrito dirigido al Ministerio, el regidor ha plasmado los elementos más relevantes de la propuesta y ha destacado que en su elaboración participaron: Cáritas Diocesana, Mujeres de Acero, Asamblea Popular Luis Pérez (San Mateo, 15M), la Asociación Pro Derechos Humanos de Cádiz (APDH), la Fundación Dora, la Fundación Virgen de Valvanuz, la Asociación de Consumidores Facua, la Asociación Cardijn, la AAV. Cádiz Centro, la Federación de AA.VV. 5 de Abril, AGADEN, Cruz Roja, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y la Asociación Equa. Así como, miembros de PSOE, Ciudadanos, Ganar Cádiz, Podemos y Partido Popular; técnicos y representantes políticos del Área de Asuntos Sociales y representante de Eléctrica de Cádiz; y también lo hicieron personas en situación de vulnerabilidad económica receptoras de ayudas de la luz.

Entre las sugerencias que aporta el Consistorio gaditano desatacan:

1. Que todas las familias, independientemente de la compañía con la que tengan contratado el suministro eléctrico, puedan acceder al bono social del Estado.
2. Que todas las empresas comercializadoras puedan ofrecer el bono social del Estado, máxime, cuando van a tener que costearlo.
3. Que el mecanismo de financiación del bono social no perjudique a las pequeñas y medianas comercializadoras, ni a los clientes de las mismas, poniéndose un tope a su aportación al bono social que superara el 7% de sus márgenes anuales.
4. Que se establezca un mecanismo de financiación del bono social proporcionado, no discriminatorio y transparente, es decir, ajustado a la legalidad para que no sea nuevamente desacreditado por el Tribunal Supremo e invalidado.
5. Que se establezca la obligación de que las compañías eléctricas (todas) colaboren (financien) de manera solidaria y proporcionada a su volumen de negocio, en las medidas que incluya este RDL 7/2016.
6. Que las administraciones públicas no tengan que asumir más allá del 50% de los costes derivados del pago de facturas para evitar cortes del luz, siendo el otro 50% aportado por las empresas del sector eléctrico (todas).
7. Que el reglamento del RDL 7/2016 incorpore el principio de precaución y las compañías eléctricas tengan la obligación de cerciorarse de que una familia no se encuentra en situación de vulnerabilidad, antes de proceder a un corte de luz.

Por su parte, el concejal David Navarro, en calidad de presidente del Consejo de Administración de Eléctrica de Cádiz, también ha enviado un escrito con aportaciones solicitando que el mecanismo de financiación del bono social se aplique proporcionalmente al volumen de negocio de cada comercializadora y no sobre la base del número de clientes, dado que esto perjudica enormemente a pequeñas comercializadora cuyo mercado se centra fundamentalmente en el sector doméstico.

Y por último, también se solicita en ese escrito que las comercializadoras de energía eléctrica no COR, que aportan fondos a la financiación del bono social nacional, puedan aplicarlo a sus clientes en igualdad de condiciones y sin necesidad de transferirlos a una COR. Por su parte, el Consistorio gaditano ha señalado que llevará nuevamente al Consejo de Administración de Eléctrica de Cádiz la votación del bono eléctrico gaditano el próximo mes, “pues se mantienen todas las razones para ponerlo en marcha” ha añadido el alcalde.

Cádiz, a 17 de abril de 2017