Cádiz, 21 de junio de 2017. El Ayuntamiento de Cádiz envió ayer martes una misiva a la Defensora del Pueblo Estatal, Soledad Becerril Bustamante, y al Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, en la que se insta a que exijan al Gobierno Central a que desarrolle la Ley que regula el derecho al asilo con el objetivo de que las distintas administraciones llevarlo a cabo y así poder acoger a las personas refugiadas. La concejala de Asuntos Sociales, Ana Fernández, ha subrayado la total predisposición del Ayuntamiento de Cádiz a participar en el proceso de acogimiento, “una predisposición que de momento se queda intención porque no tenemos ni el protocolo ni las herramientas para iniciar el proceso que llevamos dos años demandando”.

Esta carta, que se ha enviado desde el Ayuntamiento gaditano y que espera recoger más adhesiones, fue una iniciativa adoptada por el Consejo Local de Cooperación ante los “obstáculos a los que se tienen que enfrentar las administraciones públicas y las organizaciones no gubernamentales para poder acoger a las personas que han tenido que abandonar sus países”, ha explicado Ana Fernández. “Como instituciones, no podemos seguir mirando hacia otro lado mientras que miles de personas malviven en los campos de refugiados, debemos asumir nuestro compromiso”, ha añadido. En este sentido, ha recordado que de las más de de 17.300 personas que el Gobierno Central se comprometió a acoger, sólo han llegado a España 1.304.

La concejala ha explicado que, pese a que en 2009, el Gobierno Central aprobó una ley que regula el derecho al asilo y la protección subsidiaria, la Ley 12/2009 del 30 de octubre, “no la ha desarrollado, lo que convierte esta ley en papel mojado de momento”. Es por esto por lo que piden tanto a la Defensora del Pueblo Estatal, Soledad Becerril, como al Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, que “exijan al Gobierno a que establezca un reglamento con el objetivo de poder pasar de las palabras a los hechos. No podemos permitirnos el lujo de permanecer impasibles ante esta situación que afectan a miles y miles de personas”.

En concreto, la petición recoge que se desarrolle el Reglamento de dicha Ley tal y como se indica en el artículo 38 de la misma., cuyo plazo debía haber sido de 6 meses. Al no existir un Reglamento los plazos se eternizan y existen personas en situación de solicitantes desde hace muchos años. Precisamente, el acceso de asilo en las embajadas no está siendo real a falta del Reglamento que desarrolle los trámites necesarios.

La carta explica que según el Informe de Naciones Unidas, los casos de las mujeres víctimas o posibles víctimas de la trata se examinan dentro del marco jurídico general de la inmigración y no en virtud del procedimiento de determinación del estatuto de refugiado. De hecho, en la práctica, las solicitudes de asilo en que hacen referencia a cuestiones relacionadas con la trata son rechazadas sistemáticamente, incumpliendo la directriz sobre protección internacional Nº 7 del ACNUR sobre la aplicación del artículo 1 A 2) de la Convención de 1951 o del Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados en relación con las víctimas de la trata de personas y las personas que están en riesgo de ser víctimas de la trata.

                                                                                  Cádiz, 21 de junio de 2017