Cádiz, 26 de enero de 2017. La empresa Eléctrica de Cádiz ha denunciado que el Gobierno Central le obliga a dedicar la mitad de su margen de beneficios a financiar un bono que no puede ofrecer. La compañía explica que el Real Decreto Ley 7/2016 con fecha del 23 de diciembre establece que el Gobierno regula el mecanismo de financiación del coste del bono social, un mecanismo que obliga a la financiación de su coste a todas las comercializadoras de electricidad, en base al número de clientes, con independencia del volumen de energía comercializado.

Desde la empresa explican que el porcentaje de reparto asignado a Comercializadora Eléctrica de Cádiz S.A. es del 0,217154, “un porcentaje mucho más alto al de otras comercializadoras a nivel nacional con un volumen de energía comercializada muy superior al nuestro como son: Gas Natural Comercializadora, Audax Energía, entre otras”.

Para Eléctrica de Cádiz, “hacer pagar el bono social a las comercializadoras en base al número de clientes es un disparate y un atropello para las comercializadoras como nosotros que prestan su servicio sobre todo a clientes domésticos”. Según las informaciones publicadas, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital cifra el coste anual actual de la cobertura del bono social en 250 millones de euros, en base a estos datos, el importe anual a asumir por comercializadora Eléctrica de Cádiz sería de 542.885 euros (250.000.000 x 0,217154%).

De acuerdo con el histórico de resultados de esta comercializadora, esta cifra supondría, de no poder repercutirse en el precio final del cliente, una caída de los resultados, antes de impuestos, del 55% aproximadamente. “Ello nos obligaría, a medio plazo, la subida de las tarifas y la pérdida de competitividad frente a las grandes comercializadoras”.

Además, Eléctrica de Cádiz señala que no podría ofrecer a sus propios clientes el bono social estatal, «porque en el mencionado Real Decreto Ley, se prevé que sólo puedan hacerlo las comercializadoras de referencia». Añaden que esta medida es «completamente desproporcionada e injusta y supone un claro perjuicio para los gaditanos y gaditanas, que van a financiar el bono social de las grandes comercializadoras”.

Es por que esto que solicitarán a todos los partidos presentes en el Congreso de los Diputados que no convaliden este Real Decreto Ley, “pues perjudica de manera extraordinaria a las pequeñas y medianas comercializadoras del sector doméstico, y en el caso de Cádiz, al 80% de las familias que verán subir el coste de su factura”.

Eléctrica de Cádiz ha solicitado un informe jurídico para valorar cómo poner en marcha el bono gaditano en este nuevo contexto y prepara un recurso colectivo, junto con otras comercializadoras, por si finalmente el Real Decreto Ley 7/2016 es convalidado en el Congreso de los Diputados el próximo lunes 30 de enero.

Cádiz, 26 de enero de 2017