La Junta combinará la financiación europea y la colaboración público-privada para construir la Ciudad de la Justicia de Cádiz

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha recibido este viernes al consejero de Justicia, Administración Local y Función  Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, en una visita institucional al Ayuntamiento de Cádiz.

Nieto ha anunciado que la Ciudad de la Justicia de Cádiz se construirá a través de colaboración pública-privada y con financiación europea de fondos FEDER, que “por primera vez” se aplicarán para una sede judicial. Así lo ha explicado tras reunirse con el alcalde de Cádiz, Bruno García, y los agentes judiciales, para informarles de la evolución del proyecto al que “más tiempo y cariño hemos dedicado desde que llegamos a la Consejería”.

El consejero ha explicado que el proyecto contempla dos fases diferenciadas pero en las que se trabajará en paralelo para “no perder ni un minuto” en un proyecto largamente esperado y que, tras años de vicisitudes, “es irreversible, ya no hay vuelta atrás”,

Así, una primera fase consistirá en la rehabilitar las naves históricas de Tabacalera “que tenemos la obligación de preservar por su altísimo valor patrimonial y que serán la gran referencia de los archivos judiciales de Cádiz y Andalucía”; el antiguo almacén de tabaco “donde irán los usos puramente administrativos”; y las dos casas de los ingenieros “que van a ser nuestro apoyo para los futuros crecimientos de la Ciudad de la Justicia” al contar con casi mil metros cuadrados de cada una.

Son estos trabajos los que se acometerán con fondos FEDER y la inversión prevista es de 10 millones de euros. El consejero ha anunciado que en breve se encargará el proyecto básico y ha confiado en que durante el año 2024 se redacte también el proyecto de ejecución y se realicen todos los trámites para sacar la obra a licitación.

La otra fase es la edificación de un nuevo edificio de 20.054 m² construidos sobre rasante “frente a los antiguos almacenes de tabaco”. Se acometerá mediante una concesión de obra pública, al igual que la Ciudad de la Justicia de Jaén, con un coste de construcción entre 50 y 60 millones de euros. Nieto ha explicado que el régimen de concesión implica que la Junta fija un canon anual a la empresa privada que asume la construcción por un plazo largo de entre 25 y 30 años. La estimación realizada es que ese canon sea de entre 4 y 5 millones anuales, por lo que el importe total del proyecto rondará los 120 millones. Una fórmula que ya se aplicó para la construcción de la Ciudad de la Justicia de Córdoba, que funciona desde 2018.

El consejero ha hecho un llamamiento a la iniciativa privada a que “apueste por Cádiz” para realizar un estudio de viabilidad del nuevo edificio que será “uno de los más importantes que va a tener la ciudad de Cádiz”. “Si no nos llega, estamos preparando para hacerlo nosotros, ponerlo a exposición pública para alegaciones y a partir de ahí redactar el anteproyecto y licitar”, ha señalado.

El consejero ha lamentado que la Ciudad de la Justicia es un proyecto del que se viene hablando desde 2001 y que ha sufrido muchas vicisitudes por diversos factores, con varios cambios de ubicación hasta consensuar con el Ayuntamiento su emplazamiento en los antiguos depósitos de Tabacalera.

Los terrenos cedidos por el Ayuntamiento tenían limitada la edificabilidad al 49%, algo más de 20.000 m², lo que “no cubría ni siquiera las necesidades de los órganos actuales que entre todas sus sedes actuales ocupan 18.000 m²”.

Nada más tomar posesión en julio de 2022, Nieto solicitó una reunión al anterior alcalde en la que le pidió ampliar la edificabilidad, ofreciendo la solución técnica para ello. El Pleno municipal aprobó la modificación urbanística necesaria en noviembre de 2022 y a partir de ahí la Consejería comenzó a trabajar en un nuevo proyecto ya que  “no servía lo que estaba hecho porque se había diseñado una infraestructura insuficiente para media Cádiz”.

La edificabilidad actual permite construir casi 40.000 m², el doble de lo previsto inicialmente. Nieto ha dejado claro que “los 26 juzgados actuales y la Audiencia Provincial caben perfectamente” y queda espacio libre para otros diez órganos más que se pudieran crear en el futuro, para lo cual se dejan reservadas las casas de los ingenieros.

“Este es nuestro proyecto, que creemos que encaja con las necesidades reales de la ciudad porque no nos vale cualquier cosa para Cádiz”, ha defendido. El consejero ha destacado que la futura Ciudad de la Justicia contribuirá además a la dinamización de una zona en la que irán también otros grandes proyectos como el hospital, garantiza buenas conexiones por los dos puentes de la capital y creará empleo no solo durante las obras sino que el régimen de concesión implica también que la empresa asume el mantenimiento, limpieza y demás servicios hasta el fin del periodo que se fije.

Nieto ha defendido la “transparencia” mostrada desde el principio y que se mantendrá para comunicar “cada paso” frente a “la gran mentira” que a su juicio ha habido detrás de todos los problemas que durante años ha acumulado la Ciudad de la Justicia. “No había liquidez para un proyecto de esta envergadura y eso lo hacía imposible pero se ocultaba”, ha explicado. Por eso ha defendido la apuesta por vías alternativas de financiación como los fondos europeos y la fórmula de la concesión.

Por su parte, el alcalde de Cádiz ha agradecido el “trabajo intenso, el interés y el compromiso” del consejero para poner en marcha uno de los proyectos que formaba parte de los “deberes pendientes de muchos años que este gobierno ha ido heredando y es muy importante que se aborde como se está haciendo, con mucho diálogo y tratando de buscar las soluciones a los problemas que nos vamos encontrando”.

Nieto y el alcalde se han reunido con los agentes judiciales de la ciudad junto a la viceconsejera, Ana Corredera; la secretaria general de Infraestructuras Judiciales, Teresa Ávila, y la delegada territorial de Justicia, Ana Bertón.

El consejero ha firmado en el Libro de Honor de la ciudad y ha recibido por parte del primer edil un ejemplar de la Constitución Española de 1812, popularmente conocida como ‘La Pepa’.

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