Cádiz, 16 de junio de 2017. El presidente de Aguas de Cádiz y concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento gaditano, Álvaro de la Fuente, ha querido salir al paso de las críticas vertidas por el grupo municipal popular al procedimiento para la Garantía del Derecho Humano al Agua, Suministro Mínimo Vital (SMV) y Fondo Social Solidario, recordando que el objetivo principal de dicho procedimiento es que las familias que se encuentran en situación de exclusión social o con problemas económicos transitorios no sufran corte en el suministro del agua en su vivienda habitual.

De la Fuente ha destacado que, “por primera vez en su historia”, Aguas de Cádiz se implica en la aportación de un fondo de solidaridad cuantificado en el 2% de su volumen de negocio, es decir, 300.000 euros al año, que complementa la aportación municipal de 200.000 euros anuales para abonos de facturas, al mismo tiempo que facilita su tramitación.

Por lo tanto, niega que se hayan reducido las ayudas sino que, más bien al contrario, la subida ha sido de más de un 230%, puesto que cuando gobernaba el PP las ayudas en materia de agua eran de 150.000 euros al año, durante 2015 y 2016 se extendió a 200.000 euros al año, y ahora, con la aprobación del SMV, se le suman 300.000 euros anuales. Por lo tanto, se ha subido de 150.000 a 500.000 euros al año.

Además, el presidente de Aguas de Cádiz recuerda que en la etapa del PP, los servicios sociales municipales atendían a las necesidades caso a caso cada vez que alguien recibía un recibo que no podía pagar y acudía a los servicios sociales para solicitar la ayuda. Mientras que ahora, con el SMV, se detectan a las personas o familias en exclusión social y se les concede la ayuda por doce meses, revisable a los seis meses.

Además, las familias que se dictaminen en exclusión social tienen garantizadas el abono del importe total del recibo puesto que Aguas de Cádiz se hace responsable del importe de los conceptos del agua y el Ayuntamiento lo hace del concepto de residuos sólidos urbanos.

“En contra de lo que dice el PP, todo ello se hace en un procedimiento único, con lo que mejoramos el sistema cualitativa y cuantitativamente muy al contrario de las políticas aplicadas por el anterior equipo de gobierno. Es lamentable que el PP vierta acusaciones contra un procedimiento que viene a dignificar la vida de nuestros conciudadanos que se encuentran en situación de pobreza hídrica, que ha sido consensuado con la participación ciudadana y que es ya una referencia nacional”, señala De la Fuente.

En cuanto a la “grieta” que dice el PP que ha encontrado, el presidente de Aguas de Cádiz aclara que el documento aprobado se adecúa a lo que establece el artículo 53 del Reglamento del Suministro de Agua de Andalucía, que especifica que, para la contratación del suministro del agua, la solicitud debe acompañarse de determinada documentación, entre la que se señala “escritura de propiedad, contrato de arrendamiento o documento que acredite el derecho de disponibilidad sobre el inmueble para el que solicite el suministro”.

Aguas de Cádiz, a través de las asociaciones de operadores a las que pertenece, ya ha reclamado que el nuevo reglamento de suministros que se está debatiendo actualmente en Andalucía, contemple el reconocimiento del derecho humano al agua; la defensa de la titularidad pública del recurso y la superación de la actual obsolescencia técnica del actual reglamento de suministros.

La aplicación estricta de la actual normativa puede suponer la negativa a otorgar el contrato de suministro de agua en aquellas situaciones en las que el solicitante no puede aportar documento que acredite el derecho de disponibilidad sobre el inmueble. Consciente de esto y mientras el nuevo reglamento no se apruebe, Aguas de Cádiz trabaja ya en la redacción de un documento en el que se adopten enfoques flexibles en la interpretación de la norma, siempre dentro de la legalidad, para permitir la acreditación del derecho de disponibilidad y otorgar la acreditación para hacer efectivo el derecho humano al agua, relegando al ámbito judicial ordinario la resolución del conflicto privado que pudiera existir entorno a la titularidad y disponibilidad del inmueble.

Esta interpretación de flexibilidad de la norma para garantizar el derecho humano al agua, está respaldada por el Defensor del Pueblo Andaluz en su informe especial de septiembre de 2016 relativo a los “servicios de suministro de agua, garantías y derechos” y se está aplicando ya en la ciudad de Córdoba, en donde, por cierto, el Partido Popular votó en contra de su aprobación.

No obstante, el procedimiento prevé otras alternativas para el abono de facturas aplicable a los excepcionales casos que plantea el PP.

Por último, De la Fuente se sorprende de que el PP en Cádiz “se muestre, de repente, tan preocupado por los desahucios, teniendo en cuenta que han sido las políticas económicas y sociales del Partido Popular las que han llevado a los ciudadanos a sufrir estas situaciones tan lamentables”.

  Cádiz, a 16 de junio de 2017