Cádiz, 30 de enero de 2017. El Pleno municipal aprobó por unanimidad el pasado viernes instar al Gobierno central y a todos los partidos políticos a no convalidar el Real Decreto Ley 7/2016 y a revisar el sistema de financiación que implanta. Este Real Decreto mantiene que sólo puedan ofrecer el bono social las comercializadoras de referencia, por lo que el resto de consumidores se ven desprotegidos y excluidos, y supone un grave perjuicio para las comercializadoras del sector doméstico, especialmente las pequeñas y medianas. En el caso de Cádiz, se impone que Eléctrica de Cádiz dé aproximadamente el 50% de los beneficios de la comercializadora local (55% pública) para financiar un bono social que no puede aplicar.

Es por ello que desde el Ayuntamiento de Cádiz se insta al Gobierno central y a todos los partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados a la no convalidación del Real Decreto Ley sobre el bono social mañana, 31 de enero, mientras no se varíen los porcentajes de financiación por los cuales, comercializadoras, como Eléctrica de Cádiz, se vean obligadas a entregar para la financiación del bono social nacional la mitad de sus márgenes de beneficios.

Asimismo, se insta al Gobierno a la revisión del mecanismo de financiación del bono social y a su reforma en términos de proporcionalidad en base al volumen de negocio de las empresas y/o al volumen de energía, y no al número de clientes, como actualmente pretende. Y también se insta a incluir en el desarrollo del reglamento del RD Ley que todos los consumidores y consumidoras puedan acceder al bono social, independientemente de la comercializadora con la que tengan el suministro contratado, para lo cual, todas las comercializadoras que lo deseen deben poder facilitar el bono social, no sólo las comercializadoras de referencia.

“Es muy lamentable que el mecanismo de financiación del bono social del Gobierno del Partido Popular vuelva a ser discriminatorio y además castigue a las pequeñas y medianas comercializadoras, poniendo sobre sus espaldas el peso de la financiación de un bono social que no pueden ofrecer”, apuntan desde el Gobierno local.

Además, denuncian que con la excusa de evitar los cortes de luz “se puede aprobar un Real Decreto Ley que será la ruina de las pequeñas comercializadoras y que va a tener como consecuencia la subida de las tarifas en el mercado libre”.

En este sentido, el Equipo de Gobierno resalta que “todos los partidos del Ayuntamiento de Cádiz le mandamos un mensaje claro al Gobierno: No puede aprobar un decreto que suponga la ruina de las pequeñas comercializadoras, porque además de ser discriminatorio es absolutamente injusto”.

Por ello, instan al Gobierno a que no convalide este Real Decreto y que elabore un Proyecto de Ley del bono social “con diálogo y transparencia, valorando todos los impactos y sin excluir de esta ayuda social a los clientes de las empresas que no son comercializadoras de referencia”.

  Cádiz, a 30 de enero de 2017