Cádiz, 31 de mayo de 2017.  El Ayuntamiento de Cádiz ha presentado junto a una quincena de Consistorios las alegaciones al proyecto de RD del Gobierno Central, que articula el Real Decreto-ley 7/2016, por el que se regula el consumidor vulnerable, el bono social y las condiciones de corte de suministro, al considerar que su contenido “prioriza los intereses de las empresas del oligopolio, por encima de los de las familias vulnerables”, según ha declarado la concejala de Asuntos Sociales, Ana Fernández.

Junto al de Cádiz, las alegaciones han sido presentadas de forma conjunta con los ayuntamientos de Barcelona, Santiago de Compostela, A Coruña, Madrid, Valencia, Córdoba, Pamplona, Zaragoza, Alicante, Palma de Mallorca, Puerto Real, Montcada i Reixach y Pallejà, Sant Joan Despi, Santa Perpetua de la Mogoda y Rivas Vaciamadrid.

Ana Fernández ha señalado que “es necesario hacer frente común entre los municipios del cambio contra esta reforma del bono social porque no responde a la situación de emergencia social en la que estamos muchos municipios, como el de Cádiz. El nuevo bono social no va a asegurar un suministro energético mínimo a las familias que lo necesitan y establece unos criterios de acceso, que deja fuera a la mitad de la población que debe tener acceso a esta ayuda”.

Fernández añade que “el bono social del Gobierno es, con diferencia, mucho menos ambicioso y social que el Bono Gaditano, que el PP se negó a aprobar aquí, con la excusa de que el nacional estaba casi listo. Pues aquí lo tienen. Es insuficiente e injusto. El 80% de los gaditanos se sigue quedando fuera y sólo va a ser un mero descuento del 25% o el 40% de la factura eléctrica en función de unos criterios de renta absolutamente excluyentes”.

En las alegaciones presentadas esta semana al Ministerio de Energía, Industria y Agenda Digital, los ayuntamientos firmantes consideran que debería bonificarse el 50% y el 100% de un “consumo energético básico, que permita a las familias disfrutar de una vida digna”, así como incluir la potencia contratada hasta un límite, tal y como recogía la propuesta del Bono Eléctrico Gaditano, cuyo contenido remitió el Ayuntamiento de Cádiz al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, hace un mes, durante el plazo de consulta pública.

Los ayuntamientos ven igualmente en el proyecto de reforma del Gobierno del PP un ataque al principio de precaución que debería primar ante el corte de suministros, al entender que ésta es la manera más eficaz de evitar accidentes domésticos y eventuales tragedias. Y entienden que, para aquellas comunidades en las que se había regulado en esta dirección, como Catalunya y Aragón, este proyecto de ley supone un claro retroceso.

Ana Fernández ha subrayado que “el bono social del Gobierno además nos obliga a pagarle una parte del recibo a las familias numerosas independientemente de su renta. Y esto no sólo es injusto, sino que es escandaloso”.

La reforma del bono social estatal establece además dos criterios no vinculados con la situación económica familiar, para que una familia sea considerada en vulnerabilidad severa en riego de exclusión: estar atendido por los servicios sociales y que la administración autonómica o local financie al menos el 50% de las facturas impagadas y futuras. Para la delegada, estos criterios “piensan más en las eléctricas que en las familias” e “imponen unas responsabilidades a los ayuntamientos sin dotarlos de recursos”.

Las alegaciones critican también que el bono social se centre en el concepto de unidad familiar, lo que eventualmente podría dejar fuera a todos aquellos hogares en los que solo vive una persona. Por esta razón, solicitan también que dentro de la figura de consumidor vulnerable se incluya explícitamente el concepto de persona física que resida sola en su vivienda habitual.

“Además, el Gobierno ha impuesto un mecanismo de financiación del bono que perjudica a las pequeñas comercializadoras, entre ellas a Eléctrica de Cádiz, pues les obliga a financiar de manera extraordinaria un bono que no pueden ofrecer, y la final, supondrá que tengan que subir tarifas, lo que puede ocasionar un trasvase neto de clientes de éstas a las grandes empresas del oligopolio” ha añadido.

Por último, la concejala ha precisado que “esta reforma del bono social evidencia que el Gobierno está más preocupado por asegurar que las grandes empresas eléctricas cobren, que por proteger a las familias en situación de pobreza energética”. Ante esto, Ana Fernández ha respondido que “nuestra obligación como ayuntamientos es denunciarlo y presentar, como hemos hecho, una propuesta alternativa con el articulado de aquellos puntos que entendemos son muy mejorables.

Cádiz, 31 de mayo de 2017