Cádiz, 9 de febrero de 2017. El Ayuntamiento de Cádiz solicitará a la Defensora del Pueblo Estatal, Soledad Becerril Bustamante, que se desarrolle la Ley 12/2009 del 30 de octubre que regula el derecho al asilo y la protección subsidiaria. Así lo acordó ayer el Consejo Local de Cooperación tras haber organizado una serie de charlas informativas en las que diferentes entidades que trabajan actualmente coordinadas con el Gobierno español en el acogimiento de personas refugiadas.

La concejala de Asuntos Sociales, Ana Fernández, ha explicado que durante estas sesiones, “las organizaciones advirtieron el vacío legal en el que se encuentran las personas refugiadas en nuestro país ya que existe una ley pero no un reglamento que regule o establezca un protocolo de actuación que daban seguir las personas que han tenido que salir corriendo de su países”.

Fernández, ha advertido que tras su aprobación, este reglamento se debería haber redactado en un plazo máximo de seis meses,  “sin embargo, seguimos sin noticias de su elaboración a pesar de que la acogida de personas refugiadas es un derecho para la protección de quienes huyen, es una obligación moral y un acto necesario de solidaridad”. La concejala insiste en que todas las organizaciones implicadas en el derecho a asilo, coinciden en subrayar “la dificultad existente en la actualidad para poder tramitar las abundantes solicitudes que llegan a España debido a la falta de concreción en la ley”.

Ana Fernández incidió en la “necesidad de que nuestras ciudades sean de verdad ciudades refugio, más allá del nombre”. Ante la importancia de visibilizar y denunciar este tema, la concejala avanzó que se propondrá al resto de ayuntamientos del país a que se sumen en esta petición a la Defensora del Pueblo.

En concreto, la petición recoge que se desarrolle el Reglamento de dicha Ley tal y como se indica en el artículo 38 de la misma., cuyo plazo debía haber sido de 6 meses. Al no existir un Reglamento los plazos se eternizan y existen personas en situación de solicitantes desde hace muchos años. Precisamente, el acceso de asilo en las embajadas no está siendo real a falta del Reglamento que desarrolle los trámites necesarios.

La petición recoge que según el Informe de Naciones Unidas, los casos de las mujeres víctimas o posibles víctimas de la trata se examinan dentro del marco jurídico general de la inmigración y no en virtud del procedimiento de determinación del estatuto de refugiado. De hecho, en la práctica, las solicitudes de asilo en que hacen referencia a cuestiones relacionadas con la trata son rechazadas sistemáticamente, incumpliendo la directriz sobre protección internacional Nº 7 del ACNUR sobre la aplicación del artículo 1 A 2) de la Convención de 1951 o del Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados en relación con las víctimas de la trata de personas y las personas que están en riesgo de ser víctimas de la trata.

“Situaciones como éstas no se pueden seguir consintiendo, por lo que es necesario que se regule ya la Ley para que podemos ser de verdad ciudades refugio”, ha señalado la concejala.

                                                                                  Cádiz, 1 de junio  de 2017