Cádiz, 17 de septiembre de 2020. El Ayuntamiento de Cádiz, a través de la Delegación de Asuntos Sociales, ha trasladado al órgano del Defensor del Pueblo Andaluz la problemática y la situación de desamparo en la que se encuentran los y las jóvenes migrantes tutelados por la Junta de Andalucía una vez que cumplen los 18 años. Así se lo ha trasladado la concejala Helena Fernández en una reunión celebrada este jueves junto a los colectivos de Alendoy, Tierra de Todos, Cardijn, personal técnico de la delegación municipal y una representante de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, además de la representante del Defensor del Pueblo Andaluz.

La reunión se ha producido dentro del compromiso adquirido por Helena Fernández con estos colectivos después de que en un anterior encuentro les trasladasen la realidad que vive este colectivo y los obstáculos particulares a los que deben enfrentarse para no caer en la exclusión social. “Tras la informaciones recibidas acordamos hacer una nueva reunión en la que se implicasen también otras administraciones como la Junta de Andalucía que es quien tiene las competencias”.

Fernández ha explicado que “hemos informado al Defensor del Pueblo Andaluz la realidad a la que se enfrentan los jóvenes tutelados una vez que cumplen 18 años y que no se trata de una situación particular de Cádiz, sino de una problemática general”. En esta realidad “tienen serias dificultades para poder tramitar la documentación oficial, sus opciones para solicitar una beca de estudio son muy limitadas ya que se les pide documentación como la renta de la unidad familiar pese a que están o acaban de estar tutelados o deben acreditar unos ingresos mínimos para poder permanecer en España”.

La concejala ha señalado que “una vez que cumplen 18 años, estos jóvenes se encuentran solos y en la calle sin que lleguen a ser considerados personas sin hogar y con una fuerte probabilidad de caer en la exclusión social”. Es necesario, añade la concejala “dedicar recursos de forma específica a este colectivo dada las particularidades de este colectivo”.

Helena Fernández ha puesto de relieve “la complejidad de la situación en la que además, según denuncian los propios colectivos, han visto reducir las partidas y las subvenciones por lo que cuentan con menos recursos para atender a este colectivo”.

Es por esto que “hemos informado al Defensor del Pueblo Andaluz de la peligrosa situación de vulnerabilidad en la que se encuentran ya que según la ley, la Administración tiene la obligación de realizar una seguimiento al menos durante dos años de estos menores”.

                                                                                  Cádiz, 17 de septiembre de 2020