Cádiz, 27 de marzo de 2017. El Gobierno local lamenta que el portavoz del grupo municipal Partido Popular, Ignacio Romaní, utilice el tema del bono social para arremeter contra el Equipo de Gobierno y lanzar “afirmaciones falsas y manipuladas”. En este sentido, el equipo de Gobierno acusa al edil popular de mentir cuando dice que con el anterior Gobierno municipal no se producían cortes de luz, y también de manipular la verdad cuando afirma que el informe de la gerencia de Eléctrica de Cádiz está lleno de dudas sobre su viabilidad. “Decir esto supone una manipulación pura y dura de la verdad, ya que este Equipo de Gobierno encargó a la Gerencia de Eléctrica de Cádiz un informe para prever las necesidades técnicas de la puesta en marcha del bono social, y lo hizo, como es evidente, antes de su aprobación para tener toda la información necesaria sobre la mesa. Todo lo que plantea el informe es gestionable. Hay que aclararle al señor Romaní que a esto se le llama responsabilidad y previsión”. A lo que añaden que previsión y responsabilidad fue también solicitar al Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros técnicos Industriales de Cádiz un estudio sobre consumo energético en familias vulnerables de Cádiz, para bonificar la energía y la potencia justas.

Igualmente, el Gobierno local critica a Ignacio Romaní por “mentir de esa forma tan descarada a la ciudadanía afirmando que con el anterior equipo de gobierno no se producían cortes de luz”, recordándole que, cuando ellos gobernaban existía, al igual que ahora, “una comunicación directa y permanente entre la Delegación de Asuntos Sociales y Eléctrica de Cádiz para evitar los cortes de luz, ante la petición de ayuda de familias”.

Asimismo, ante la enunciación del portavoz del PP local de que “para pagar la luz a quienes más lo necesitan no es necesario un bono social”, el Equipo de Gobierno sostiene que sí lo es para “evitar la mendicidad energética”. “Para dignificar la situación de las familias, sí. Porque con el bono social gaditano, a diferencia de las ayudas puntuales de Asuntos Sociales, se asegurará el suministro a las familias de seis meses a un año, en función de la situación de la familia, y se podrá renovar anualmente. Lo que significa –añaden- que las familias no tendrán que ir cada mes a pedir ayudas a Asuntos Sociales, a Cáritas, a Cruz Roja, o a las ongs, porque se asegurará a las familias el acceso a un suministro energético básico”.

Además, el Equipo de Gobierno lamenta también que Romaní mienta cuando dice que el Gobierno de Mariano Rajoy y el PSOE han aprobado un bono estatal. “El dudoso mérito del Gobierno actual es la aprobación de un Real Decreto Ley 7/2016 por el que modifica el sistema de financiación de un bono social que estaba en marcha desde 2009, (año en el que lo creó el PSOE), y también añadir un apéndice para evitar los cortes a vulnerables severos. El resto de potenciales cambios o mejoras no aparecen en el Real Decreto Ley, por lo que no están sobre la mesa”.

Al respecto, desde el Gobierno local acentúan que ha sido el Gobierno del Partido Popular el que ha aprobado “un mecanismo por el que Eléctrica de Cádiz tiene que pagar 530.000 euros anuales por un bono social que no puede ofrecer a sus clientes, puesto que sólo lo pueden ofrecer las comercializadoras de referencia”. “Por eso –agregan-, debemos poner un  bono social propio en macha. Y quienes no nos crean, que consulten la hemeroteca y vean el contenido del Real Decreto Ley 7/2016”.

Respecto a los beneficios, aclaran que la financiación del bono social gaditano provendrá de los beneficios de la suministradora, como donación voluntaria de menos de un 7% de los mismos al año, “con lo que no sólo será el Ayuntamiento de Cádiz el que invierta en las familias vulnerables gaditanas, sino también el resto de socios de Eléctrica de Cádiz, es decir, Endesa y Unicaja”.

Y asimismo explican que con el bono, el Ayuntamiento mantendrá una partida para el pago excepcional de facturas a familias en situación de vulnerabilidad, pero con el bono lo que se asegurará es que las familias vulnerables de Cádiz dejen de mendigar por ayuda, mes tras mes. “Se trata de asegurar un derecho y dignificar su situación, y de hacerlo con la colaboración solidaria de los socios de Eléctrica de Cádiz”, subrayan.

Recuerdan que Eléctrica de Cádiz son dos empresas. La comercializadora, que tiene unos beneficios anuales de entre 700.000 y 1.600.000 euros anuales, y la suministradora, cuyos beneficios oscilan entre los 8 y los 11 millones anuales. “Lo que hoy se vota es que se ponga en marcha un bono social que sea costeado por la suministradora, que tiene diez veces más beneficios que la comercializadora. Y además, no lo puede imputar en la factura, porque sus tarifas están estipuladas por el Gobierno central”, explican desde el Gobierno municipal del Ayuntamiento de Cádiz.

  Cádiz, a 27 de marzo de 2017