Cádiz, 23 de octubre de 2017. La Junta General de la Sociedad de Fomento Económico Cádiz 2000 que se ha celebrado hoy, a petición del grupo municipal popular, ha aprobado la solicitud al jefe de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Cádiz de un informe “sobre la situación en la que deberían quedar las trabajadoras ya subrogadas de manera unilateral por el presidente de la sociedad Cádiz 2000 para que -como actores de buena fe- no resulten perjudicadas hasta la adjudicación del servicio a otra empresa”. Y asimismo, se ha acordado también la solicitud a la Intervención Municipal y a la Tesorería Municipal de un informe “sobre la existencia o no de transferencia de crédito a Cádiz 2000 para hacer frente a las nuevas obligaciones contraídas por el presidente de la misma. Que se detalle en el informe la cuantía y la partida municipal de donde sale y que se determine si la Sociedad Cádiz 2000 acordó solicitar dicha transferencia de crédito”.

Ambas propuestas han sido respaldadas por todos los grupos de la oposición y han recibido los votos en contra del Equipo de Gobierno, ya que como ha explicado el concejal de Medio Ambiente y presidente de Cádiz 2000, Álvaro de la Fuente, “sí somos favorables a la elaboración de esos informes, pero no podemos apoyar dos puntos que emiten un juicio de valor”.

Durante el debate de estos dos puntos, el portavoz del PP, Ignacio Romaní, ha anunciado que esta misma mañana ha denunciado las “irregularidades en todo el proceso de remunicipalización” al Tribunal de Cuentas. Por su parte, el portavoz socialista, Fran González, ha criticado al Gobierno local por no haber presentado previamente estos informes que se les ha requerido hoy en la Junta General. Y el portavoz de Ciudadanos, Juan Manuel Pérez Dorao, ha lamentado “no tener claro hoy cuál es la situación laboral en la que se van a quedar los trabajadores y si la empresa va a tener dinero para pagarles”.

La Junta General también contemplaba debatir sobre otros dos puntos que se han dejado sobre la mesa porque así lo ha dictaminado el alcalde, como presidente de la Junta General. Esos puntos son los de: “Paralización de las actuaciones realizadas a partir del 28 de agosto por el presidente de la sociedad sin el mandato expreso de la Junta General ni el Consejo de Administración, y que están relacionadas con el proceso de municipalización de los servicios de playas” y “Acuerdo sobre el inicio de acciones judiciales de reclamación patrimonial de la Sociedad Cádiz 2000 al presidente de la misma por haber adoptado acuerdos con terceros de contratación, en nombre de la entidad, sin contar con acuerdo del Consejo ni de la Junta de Accionistas, cuantificándose el importe de la responsabilidad para que pueda reclamarse en base al artículo 236 de la Ley de Sociedades de Capital. Todo ello con la reserva de las acciones legales que se puedan determinar en el futuro en cualquiera de sus ámbitos por las acciones realizadas por el presidente y que hayan podido causar menoscabo a la entidad”.

Tras la aprobación de los dos puntos anteriores, el alcalde ha tomado la palabra: “Habiéndose aprobado la solicitud de estos informes, y haciendo mía la solicitud del Partido Socialista de la elaboración de esos informes, se dejan sobre la mesa la solicitud de esos dos puntos y se abordarán cuando tengamos los informes pertinentes”. Y ello, en base al artículo 64 del Reglamento Orgánico Municipal. Al respecto, la secretaria del Ayuntamiento ha señalado que el artículo 14 de los estatutos de la Sociedad establece que “el funcionamiento de la Junta se regirá por los preceptos de la Ley Reguladora de Base en Régimen Local y el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales. Sabemos que el Reglamento Orgánico está por encima de este reglamento y, por tanto, el artículo 64 establece que ‘cualquier concejal podrá solicitar que la propuesta se retire, quedando sobre la Mesa, y en tal caso el presidente podrá sin más, así declararlo’. Por lo tanto, no hay ningún inconveniente en que se proceda a dejar esos puntos sobre la mesa”.

Esta decisión ha levantado gran indignación en la bancada popular, hasta el punto de que el edil Ignacio Romaní ha increpado al alcalde acusándole de “abuso de poder”, al mismo tiempo que ha elevado el tono y le ha proferido los insultos de “cobarde” y “cacique”. De igual modo ha actuado la concejala Teófila Martínez, que también ha llamado “fascista” al primer edil.

Cádiz, 23 de octubre de 2017