Cádiz, 13 de noviembre 2017.  La Junta General de la empresa municipal Cádiz 2000  ha debatido esta mañana la propuesta presentada por el Partido Popular que instaba paralizar el proceso de municipalización de los servicios de limpieza de arenas, recogida de residuos, conservación y mantenimiento de los equipamientos e infraestructuras en las playas, servicio de asistencia sanitaria y socorrismo en las playas el servicio de limpieza y mantenimiento de vestuarios. La propuesta ha sido rechazada con los votos del Equipo de Gobierno y del Partido Socialista y con los votos a favor del Partido Popular y Ciudadanos. Además, se ha aprobado el inicio de acción social de responsabilidad de reclamación patrimonial de la Sociedad Cádiz 2000 contra el presidente de la misma.

El concejal de Medio Ambiente y presidente de Cádiz 2000, Álvaro de la Fuente, ha subrayado la viabilidad de este proceso “uno de los que más documentación posee” a la par que ha incidido en las conclusiones de los informes tantos de Personal como de Intervención que “aseguran que se dispone de las retenciones créditos necesarias para garantizar el servicio hasta finales de 2017 y que garantiza también la subrogación de las trabajadoras”. De la Fuente ha acusado al PP “de no comparar los números con la memoria” porque de haberlo hecho “sabrían que el coste sigue siendo menor”.

El presidente de Cádiz 2000 ha acusado a la oposición de “ir vendiendo miedo a las trabajadoras pese a que el informe de personal dice que no hay motivo alguno para ello. Entendemos que la complejidad del servicio ha hecho que no llegue bien toda la información a todos los interesados pero anda metiendo miedo de forma constante es algo muy grave”. Así, ha acusado al PP de “hacer un uso partidista de las instituciones para seguir poniendo trabas y más trabas pese a pronunciamientos como el judicial que ha tumbado el recurso interpuesto por la Subdelegación del Gobierno en Alicante contra un proceso de municipalización”.

Como portavoz de Ciudadanos, Juan Manuel Pérez Dorao ha señalado que esta propuesta “no trata de hacer borrón y cuenta nueva sino de parar un proceso para reflexionar sobre el mismo”. Pérez Dorao ha explicado que “dos son los argumentos que avalan la municipalización como la mejora del servicio y/o que sea más barato”, aspectos estos que a juicio del portavoz “no se producen” por lo que este proceso “se realiza más conforme a una posición ideológica y política”. En cuanto a la estabilidad del personal, destaca que “se garantiza su continuidad”.

Martín Vila, en calidad de portavoz de Ganar Cádiz en Común, ha afirmado que los dos informes objetos de debate en la Junta General de hoy, “demuestran que este proceso de municipalización será el que más informes tenga de la historia” a la par que ha detallado que “recogen que el coste real del mismo presenta un menor gasto y permite a los trabajadores un escenario mejor con mayor estabilidad y menor precariedad”.

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Socialistas, Fran González, ha asegurado que “su partido no se va a dejar coaccionar y votará en consecuencia”. En este sentido se ha referido a las conclusiones de los informes que aclaran el procedimiento y que “garantizan que el persona va a ser subrogado” aunque ha advertido de la situación laboral de algunas de las trabajadoras “que esperemos que se pueda subsanar”. En cuanto a los costes, tras acusar al PP y a Ciudadanos “de quedarse tan sólo con lo emitido y no buscar aclaración”, subraya que “los costes no superan a lo ya cuantificados en la memoria”.

Desde el Partido Popular, Ignacio Romaní ha incidido que esta Junta General se realiza “a petición del PP”. Según la interpretación que realiza el Partido Popular de los informes de Personal y de Intervención, Romaní asegura que “el informe del interventor dice que será más caro. Para ello, el Equipo de Gobierno se inventa el concepto coste real para decir lo que va a costar el pliego de mañana. Juega a ser adivino y dice que el servicio externalizado será más caro por lo que la municipalización será más barata”

Por otra parte, con los votos a favor del PP y Ciudadanos, la abstención del PSOE y los votos en contra del Equipo de Gobierno, se ha aprobado el inicio de acciones sociales de responsabilidad de reclamación patrimonial de la Sociedad Cádiz 2000 al presidente de la misma por haber adoptado acuerdos con terceros de contratación, en nombre de la entidad, sin contar con acuerdo del Consejo ni de la Junta de Accionistas, cuantificándose el importe de la responsabilidad para que pueda reclamarse en base al artículo 236 de la Ley de Sociedades de Capital. Todo ello con la reserva de las acciones legales que se puedan determinar en el futuro en cualquiera de sus ámbitos por las acciones realizadas por el presidente y que hayan podido causar menoscabo a la entidad”.

El presidente de la Junta General de Cádiz 2000, Álvaro de la Fuente, ha acusado al PP “de defender esta propuesta sin entrar a detallar qué tipo de daños se podría haber ocasionado a la empresa municipal”.

Cádiz, 13 de noviembre de 2017