La concejala de Vivienda del Ayuntamiento de Cádiz, Ana Sanjuán, ha recibido a un segundo grupo de intérpretes y traductores de español en el Parlamento europeo, Comisión y otras instituciones europeas que ejercen sus funciones en Bruselas, Estrasburgo y Luxemburgo, interesados por conocer las actuaciones en materia de vivienda en la capital.

Recordar que ya hubo una primera visita a principios del mes de agosto en la que la edil responsable de Vivienda, acompañada de técnicos de las áreas técnica y de trabajo social de la empresa municipal de Vivienda Procasa, también explicó a otro grupo de intérpretes y traductores las distintas promociones que se han desarrollado y que están previstas en la ciudad.

Ambos grupos han visitado este verano la ciudad de Cádiz para participar en unas jornadas organizadas por la Escuela Internacional de Español Spanish in Cádiz, centro acreditado del Instituto Cervantes ubicado en la capital. Dentro las ponencias que se celebran en el marco de las mismas hay una dedicada a la situación actual de la vivienda en España.

Durante toda esta mañana han recibido información de manera detallada sobre las actuaciones en materia de alquiler con ayudas europeas, caso de las promociones de Doctor Marañón, 2 y Guillén Moreno; y, por otro lado, las que se han financiado con ayudas estatales y autonómicas; caso de Botica, 29.

Posteriormente, han realizado una visita a la promoción de viviendas de la calle Doctor Marañón. Se trata de 28 viviendas que forman parte de un proyecto de investigación que se ha llevado a cabo también en otras ciudades europeas como Vevey (Suiza), Frederikshavn (Dinamarca) o Londres (Reino Unido). Es el denominado RECO2 ST, un plan de rehabilitación aprobado para garantizar el logro de las condiciones de demanda de Nueva Zelanda bajo una perspectiva de rentabilidad, beneficios ambientales y construcción modular.

La de Cádiz es la única propuesta que se realiza en un clima templado, algo que se puede considerar como una ventaja ya que se pueden evitar las necesidades de calefacción y refrigeración mediante el uso de medidas pasivas de ahorro de energía. Así, se basa en el aislamiento de techo y paredes de fachada y en el uso de dispositivos de protección solar que permitan ventilación y aprovechamiento del efecto refrigerante de procesos naturales como el enfriamiento evaporativo. Además, también se contemplan las fuentes renovables como la solar térmica y la fotovoltáica.

Las obras, cuyo presupuesto global ha sido de 1.768.513,39 euros, contaron con una subvención de la Unión Europea de 601.875 euros, a la que se añadieron posteriormente otros 55.250 euros para la implantación de tecnología de control integral de las instalaciones energéticas del edificio; de 459.095 por parte del Gobierno de la nación; y de 420.000 de la Junta de Andalucía.

Por otro lado, en cuanto a la promoción de viviendas de Guillen Moreno, las actuaciones realizadas han consistido en la sustitución de bajantes y centralización de contadores de los once edificios de viviendas municipales, que cuentan con un total de 504 viviendas. Esta actuación está enmarcada en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrada EDUSI Cádiz 2020, siendo cofinanciada en un 80% por la Unión Europea, que suponen 1.600.000 euros de los 2.116.229,50 euros del presupuesto total.

Destacar a su vez la actuación en la calle Botica, 29, situada en el barrio de Santa María, a la que la primera delegación de intérpretes y traductores acudieron a principios de agosto para conocer ‘in situ’ la promoción.

Las obras han consistido en la rehabilitación integral del edificio, catalogado en el PGOU de protección en grado 1, para 15 viviendas en régimen de alquiler. Las viviendas también cuentan con producción de energía eléctrica mediante la instalación solar fotovoltáica de autoconsumo generadora en baja tensión; producción de agua caliente mediante paneles solares y elementos pasivos de aislamiento en cubierta y fachadas.

El presupuesto total de la actuación ha sido de 1.314.076,50 euros, de los que 273.472,50 euros fueron aportados por el Gobierno de la nación y 225.000 por la Junta de Andalucía.